El funeral de John Maynard Keynes

La I República española vendió Río Tinto y lo que hiciera falta para salvar el Estado, mientras sostenía dos guerras, colonial una, contra el integrismo de la derecha, la segunda. El 27 de agosto de 2011, ahora mismo, se acaba de acordar por el Partido Socialista y el Partido Popular enmendar la Constitución para establecer el límite del déficit público anual y de la deuda del conjunto de las administraciones. Asimismo, el acuerdo permite declarar que la atención de los intereses y del reintegro del capital gozará de prioridad sobre cualquier otro gasto público, pongamos la sanidad y la educación, la seguridad y la justicia, las pensiones y la conservación de guarderías, residencias de ancianos y museos, el cuidado de los discapacitados, el funcionamiento de los transportes, la limpieza de las calles y el tratamiento de residuos. Prioridad es prioridad. A ver si de una vez se enteran los mercados. Más alto y más claro no puede decirse.

La reforma de la Constitución ha sido pactada en dos días por los dirigentes de los dos principales partidos, sin aguardar a escuchar a los órganos de dirección del Partido Socialista ni a los diputados que han de votar el primer cambio que conoce la Carta magna debido a una iniciativa política. Todavía resuenan los ecos del movimiento que en las plazas de país, hace tres meses, con motivo para afirmarlo o en un exceso de criticismo, clamaban eso de “No nos representan”, para referirse al déficit democrático en las actuales democracias. Déficit por déficit, el democrático siempre resulta más caro a la sociedad.

El cambio se hará sin necesidad de acudir a un referéndum que lo ratifique o rechace porque, según se ha escuchado, la Constitución no obliga a ello para su reforma ni la enmienda afecta a derechos fundamentales. Es muy posible que el sofisma contenga su parte de razón: si los ciudadanos no podemos expresar en un referéndum nuestra opinión sobre los asuntos hurtados del debate constitucional de 1978, fundador de nuestra democracia, como la preferencia sobre la república, ni podemos revisar el Estado en sentido federal, mejorar la representatividad del Congreso de los Diputados, reducir y reconvertir el Senado en una cámara territorial, someter al jefe del Estado al imperio de la ley o suprimir cualquier preferencia de género en la sucesión a la Corona mientras se conserve la monarquía, por qué iba a solicitarse la opinión a contribuyentes, estudiantes, pensionistas y parados, al ciudadano común, sobre el futuro de los servicios y de las prestaciones públicas, a propósito de una cuestión tan técnica –se ha dicho- como el déficit en las cuentas y la preferencia de la atención de la deuda del Estado sobre cualquier otra obligación. Sólo que el sofisma alimentará actitudes anti-sistema cuando más preciso es devolver el protagonismo a la sociedad civil para ampliar la democracia frente a sus adversarios: los intolerantes, los mercados anónimos.

La receta, de paso, mete en cintura las cuentas de las Comunidades autónomas y limita su irresponsable capacidad de endeudarse, lo que podía haberse resuelto con una redacción más precisa de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria. Naturalmente, los valencianos, con la mayor deuda autonómica en relación al PIB y con los niveles más bajos de creación de riqueza y protección social en relación al número de habitantes, sabemos lo que ha sido un endeudamiento disparatado en los últimos dieciséis años, a menudo en beneficio de tramas empresariales corruptas y al servicio de la apropiación de recursos públicos por los gobernantes y el Partido Popular, según las imputaciones de los jueces y de la Fiscalía Anticorrupción. No era un problema doctrinal ni constitucional, era un modelo de saqueo de bienes públicos con el pretexto de crearlos.

La gestión dilapidadora del PP en la Comunidad Valenciana o en los ayuntamientos de Madrid y Valencia no era keynesianismo sino poner los recursos recaudados y los futuros a disposición de particulares y de políticos afines sin generar verdadera riqueza ni mejorar sustancialmente los servicios sociales.

Creíamos que había regresado Keynes, con la idea renovada de la primacía de la política y de lo público para ordenar los excesos del mercado, sobre todo, para reducir las incertidumbres futuras a las que deberíamos habituaros. Regresaba Keynes para salvar al capitalismo de sí mismo y, como recordaba Tony Judt (Algo va mal), para asegurar “las prudentes virtudes del ‘Estado de seguridad social’ ”. Y lo que llegan son algunos dirigentes iluminados de la socialdemocracia española, después de un mal verano, y sostienen que únicamente la estabilidad presupuestaria es de izquierda, que en política fiscal y presupuestaria la diferencia entre derecha e izquierda consiste en gastar peor o mejor, al servicio del interés general o de intereses particulares o especulativos. Pero el volumen del gasto –de repente ha desaparecido la noción de inversión, y de inversión a crédito, algo que quizá comprendan las familias prudentes y hasta las endeudadas, pero que es difícil trasladar al mundo empresarial y al de la administración pública- ha de ajustarse a los ingresos (¿sin elevar  los impuestos?), una vez deducidos los pagos por la deuda.

Al comienzo del verano la Fundación Ideas, laboratorio impulsado por el Partido Socialista, reunía al consejo internacional de asesores, del que forma parte Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía. Stiglitz es un neokeynesiano convertido de repente por sus amigos españoles en un irresponsable al sostener que mediante presupuestos expansivos y el uso inteligente del déficit no solo es posible acometer políticas anticíclicas, sino que los costes de ponerse en la senda del crecimiento pueden ser menores. Las mismas opiniones han sido expresadas esta semana por el socialista Josep Borrell, ex ministro con Felipe González, ex candidato a la presidencia del gobierno, ex eurodiputado, ex presidente de la Eurocámara.

La opinión se encuentra entre atónita, por agradablemente sorprendida, y absolutamente perpleja. La derecha impura y dura no acaba de creer que una carta del Banco Central Europeo con algunas advertencias de próximos movimientos desestabilizadores sobre la deuda española haya podido más que varios meses de hostigamiento del Tea Party a la administración Obama, que finalmente ha logrado evitar la enmienda constitucional en los Estados Unidos que consagra el equilibrio presupuestario a cambio de hacer grandes concesiones en el recorte del gasto público, para mantener el déficit en torno al 8,5%, dos puntos por encima de la previsión española para 2011.

La izquierda perpleja no termina de comprender lo sucedido y si nos atenemos a lo visto, escuchado y leído, se encuentra dividida. Unos se preguntan qué sabe –y calla- Zapatero y su círculo íntimo sobre una inminente ruina de las finanzas de la nación, para que haya accedido a la “regla de oro” impuesta por el dúo Merkel-Sarkozy, se haya ganado la complicidad de Rubalcaba (con argumentos que despiertan sonrojo) y haya conseguido persuadir a la gran mayoría de sus diputados, tarea menos difícil en periodo de elaboración de listas electorales; no sé si la opinión de Judt sobre la Cámara de los Comunes podría trasladarse a nuestras Cortes: “reducto de enchufados, subordinados, serviles y pelotas profesionales”).

La otra izquierda (incluidos algunos socialistas), ya se sabe, con pulsión entre apocalíptica y autodestructiva, anuncia el suicidio de la izquierda, cuando quiere decir de la socialdemocracia española.

La muerte de Keynes tendrá su esquela en la Constitución española en forma de artículo 135. Sus teóricos deudos no se muestran demasiados compungidos y presumen de dar muestras de sacrificio en pos de evitar la zozobra de la economía española, a la vez que expresan dudas sobre si la solución será efectiva. ¿Cómo se reinventará la socialdemocracia del siglo XXI para hacer viable y creíble el futuro del Estado del bienestar?

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