Los valencianos y el Estado

(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 27 de junio de 2000)

Decía Ernest Renan que el olvido y hasta el error histórico constituyen un factor esencial en la creación de una nación. Con bastante ingenuidad, el intelectual bretón creía también que el avance en la investigación histórica podía representar un peligro para la nacionalidad al poner al descubierto los procesos que conducen a su formación.

La utilización del pasado con la finalidad de fundar aspiraciones muchas veces legítimas y otras discutibles es una práctica bastante extendida, pero nada es comparable con el insaciable consumo de mistificaciones históricas por los colectivos nacionales. Si la conmemoración de un monarca -Felipe II hace un año, muy pronto Felipe V- se convierte en un pretexto para actualizar la celebración de un determinado modo de entender el poder o la organización política-administrativa del Estado, el recurso a las frustraciones del pasado, reales o ficticias, es fuente inagotable de argumentos reivindicativos. Y aquí, como en el rumor, basta una presunción repetida con convencimiento para formar un estado de opinión.

Un lugar común muy difundido consiste en imputar el origen de las insuficiencias valencianas al comportamiento de las clases hegemónicas en el siglo XIX, época en la que fragua el Estado liberal español. Cuando no se ha negado la existencia de una burguesía local, se ha considerado que se reveló indolente ante ciertos retos económicos y ante las exigencias políticas que la situación reclamaba. Incapaz de liderar la sociedad y de proyectarse sobre el poder, de reivindicar un espacio propio que fuera coherente con una identidad diferenciada, mostró escasa afición a intervenir en los asuntos del Estado, entregada como se hallaba a sus prácticas agrarias y mercantiles. El mal no sólo venía de Almansa, sino de la pasividad de una clase rectora muy muelle –que habría dicho el duque de Lerma- plegada a la mesocracia central e indiferente a la idea de articular una influencia que fuera expresión de sus intereses y, por extensión, del solar donde se localizaban. El País Valenciano, ausente de las esferas de decisión, no habría hecho notar su peso en la administración central.

En los últimos tiempos la nostalgia de un inédito y rearmado “poder valenciano” se ha convertido en tema recurrente en los medios de comunicación de esta Comunidad, aunque la fórmula al parecer pertenece al gabinete de ideas del actual presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Con la citada expresión, la organización regional de un partido nacional español,  como nadie duda que es el Partido Popular, cree haber acuñado un eslogan que resumiría al mismo tiempo voluntad de presencia y actitud reivindicativa “en Madrid”. De paso, hace suyo un planteamiento restrospectivo ajeno sobre cuya veracidad no se interroga pero que sospecha eficaz.

Ven unos en el poder valenciano un modo de entender la visualización valenciana en la política española, medida en términos de imagen promocional y hasta de cuota presupuestaria; la entienden otros como un plan de empleo en las altas esferas de la administración capaz de generar una fructífera relación clientelar a la manera de las redes caciquiles de la Restauración. Ridiculizan el término regionalistas y nacionalistas por considerarlo al servicio de una maniobra usurpadora, pero reproducen su significado cuando consideran huérfanos los intereses autóctonos de no hallarse sus partidos representados en las Cortes.

¿Habrá llegado el momento de que los valencianos, de una vez por todas, cobren protagonismo en la esfera estatal, en el supuesto de haber sido ajenos al discurrir del Estado español?

Hace exactamente ciento veinticinco años y cinco meses, en diciembre de 1874, un grupo de notables valencianos desafió el orden político e intervino decisivamente en el derribo del gobierno por la fuerza. El resultado fue la caída del régimen republicano y la proclamación del rey Alfonso XII en las inmediaciones de Sagunto. La conspiración fue preparada en Valencia por un núcleo de cualificados representantes de la propiedad territorial y de las finanzas, de empresas de transportes y de servicios. Si el pronunciamiento era perseguido con ahínco por elementos de numerosas ciudades, fue el grupo al que hacemos referencia, acuciado por la experiencia de la sublevaciones republicano-federales de 1869 y 1873, la amplia implantación de la Internacional obrera y la política de reformas, el que precipitó el movimiento cívico-militar que de manera indecisa venía fraguando el jefe alfonsino, Antonio Cánovas del Castillo.

Cirilo Amorós, diligente artífice del operativo, Ramón Ferrer y Matutano –secretario del empresario y financiero José Campo, a cuyos negocios también el primero estaba unido- y algunos destacados propietarios y hombres del comercio formaron el comité restaurador bajo la presidencia del marqués de Cáceres, el cubano Vicente Noguera y Sotolongo. Contaron con la colaboración de Teodoro Llorente, director de Las Provincias, que participó de los preparativos y publicó en su periódico los manifiestos que justificaban la acción. Varios de los reunidos habían promovido o integrado el Centro Hispano-Ultramarino de Valencia, creado para sostener los intereses coloniales e impedir, entre otras reformas, la abolición de la esclavitud en las Antillas. Pertenecían además a la Liga de Propietarios de Valencia y su Provincia, una organización de obediencia valenciana presidida por el mismo Noguera, verdadero lobby precursor de los grupos de presión en España.

En inteligencia con el general Arsenio Martínez Campos, le trajeron a Valencia y le escondieron en sus casas; más tarde le acompañaron a Sagunto en una tartana y cuando aquél levantó la tropa que puso a su disposición el brigadier Luis Dabán, le tuvieron informado de la reacción de la guarnición de la ciudad en las horas inciertas del 29 y el 30 de diciembre de 1874, cuando el Capitán general rehusó sumarse a la rebelión e hizo amago de resistir. Después celebraron el triunfo e hicieron constar en un diploma sus nombres y el mérito que les correspondía.

Recibieron títulos nobiliarios, ocuparon cargos políticos discretos, lograron concesiones administrativas y se les entregó el control de la Diputación provincial. En el naciente poder restaurado contaron con destacados puntales, como el valenciano Luis Mayans y Enriquez de Navarra, quien fuera ministro y presidente de las Cortes con Isabel II, amén de delegado en Madrid de la Liga de Propietarios. Mayans sería el encargado de presidir la comisión de notables que elaboró el proyecto de Constitución de 1876. Vieron además satisfechas sus demandas en cuestiones tributarias y arancelarias y más adelante tuvieron en el ministro de Hacienda  Juan Navarro Reverter -director de algunas de las empresas de Campo- a uno de los suyos.

Esta notable burguesía y esos políticos, en suma, se mostraban copartícipes del Estado español. Tal vez por eso, al margen de que buscaran servirse en los negocios de las ventajas que les otorgaba la influencia cerca del poder, no precisaban poner el Estado al servicio preferente de su territorio de origen, aunque en el más puro sentido provinciano se pavonearan ante sus convecinos de lo importantes que eran en la Corte.

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