(Publicado en El Correo, 20 de febrero de 2008)

Con la misma regularidad con la que en el trópico se esperan los ciclones, cada dieciséis años se ha asistido en Cuba a un reajuste y al inicio de un nuevo ciclo político. En 1959 la revolución nacía «verde como las palmas», en referencia a su cariz nacionalista. Pronto comenzaron las acciones desestabilizadoras en el interior y el extranjero que culminaron en el desembarco de Bahía Cochinos. La contraparte eran las nacionalizaciones y la creación de instrumentos de poder excepcionales, desde los tribunales revolucionarios que se inspiraban en una disposición de 1896 del Ejército mambí a los Comités de Defensa de la Revolución, los ojos y oídos que cuadra por cuadra y en cada edificio velaban contra la infiltración contrarrevolucionaria, según proclamaban.

Los revolucionarios en el poder era el título de uno de los libros que mejor ha diseccionado la década de los sesenta. En él, K.S. Karol nos narraba la improvisación y el voluntarismo que guiaban a los nuevos dirigentes, llevados de unas prioridades a otras, permutando los sistemas de organización y definiendo líneas de actuación internacional contrapuestas. El turismo revolucionario practicado por los intelectuales occidentales de la época, de Jean-Paul Sartre a Wright Mills, de Hans Magnus Enzensberger a Juan Goytisolo, dio cuenta de un fenómeno innovador y abierto a la participación en el que también las filas de la oposición iban engrosando con los desprendidos del proceso. Los informes elaborados durante los años sesenta por las embajadas de Checoslovaquia y Hungría reflejan un distanciamiento político de la experiencia cubana, a la que se resisten a homologar y califican de populismo caudillista.

El afán de supervivencia tras el fracaso de la zafra de los diez millones introdujo a partir de 1970 un severo correctivo: se asimilan, de un lado, los métodos de dirección política y económica ‘ortodoxos’, en un proceso de sovietización que culmina en 1975 con el primer congreso del Partido Comunista; de otro lado, en 1974 se institucionaliza la participación política de la población mediante el llamado Poder Popular, un sistema de elección de representantes que algunos se apresuraron a definir como la verdadera democracia. No todos lo entendieron igual y en 1980 tuvo lugar el mayor éxodo de aluvión, con la salida por el puerto de Mariel de 150.000 cubanos con destino a Florida. Sin embargo, los progresos en el terreno de la sanidad y la educación y el acceso a ciertos bienes generaron una sociedad de austera prosperidad cuyos indicadores de desarrollo humano superaron al de la mayoría de países latinoamericanos.

El derrumbe y desaparición del bloque aliado entre 1989 y 1991 puso fin al segundo acto, sustituido por un sacrificado ‘período especial’ de emergencia, después de soportar una caída casi a la mitad del PIB y un empobrecimiento pavoroso de la población al que muy lentamente se ha ido dando respuesta, mientras los cubanos han aprendido a resolver las situaciones más inverosímiles y se han habituado a la presencia de negocios de propiedad mixta o extranjera cuya titularidad no les está permitida a los nacionales, a recibir parte de sus ingresos en moneda convertible como estímulo material, a una avalancha turística y a conocer escándalos de defraudación colectiva y jerárquica, periódicamente denunciada por las propias autoridades..

En cada una de las tres fases el control político ha ido centralizándose. Algunos lo discuten señalando que la reforma de las leyes en 1992 posibilitó una descentralización electiva al promover la pluralidad de candidatos para cada puesto. Sería una pluralidad muy limitada, pues los aspirantes, entre otras condiciones, deben actuar dentro de la revolución, ya que el artículo 62 de la Constitución prohíbe -y las leyes penalizan- el ejercicio de las libertades «contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo». Lleva razón Raúl Castro cuando afirma que la sucesión de Fidel sólo puede ser colectiva en el PCC, puesto que es la columna vertebral del Estado e incluso las Fuerzas Armadas no pueden entenderse al margen de la dirección del partido y de la estructura de poder establecidos.

Desde el exterior, el dilema ha sido definido en términos de sucesión (y continuidad) o de transición (y ruptura). Queda la alternativa del retorno del protagonismo a la sociedad civil. El precedente de los sesenta es un espejo, quizá empañado por el paso del tiempo. Algunos intelectuales lo han expresado en público y vienen reflexionando sobre ello por escrito: una evolución socialista que incremente la participación y refuerce el papel del ciudadano, que proporcione garantías jurídicas a la persona en aquellos aspectos en que fueron sacrificadas en diferentes etapas del pasado, el respeto a la pluralidad de una sociedad adulta y plural, la apertura sin temor de un diálogo nacional con el que existen cada vez mejores condiciones para emprenderlo.

Cuba dispone de un volumen de capital humano incomparable con cualquier otro país de su entorno. De hecho, la prestación corporativa de servicios profesionales en educación, sanidad e infraestructuras, contratados por el Estado cubano con otros países, se ha convertido en una fuente destacada de ingresos que parcialmente perciben los prestatarios y proporciona materias primas en condiciones preferenciales que, como sucede con el petróleo, permiten atender las necesidades energéticas nacionales y posibilita la reexportación de refino, como todo indica que ha vuelto a suceder.

Hace unos años escribía Rafael Hernández que la mayoría de los cubanos no quieren vivir equitativamente pobres y se identifican con la defensa de valores humanos incuestionables, encarnados -según creía- en el proyecto nacional de justicia y soberanía que debía defender el régimen socialista. Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas y estos días profesor invitado en la universidad de Harvard, sostiene la opinión de que el régimen se ha mantenido entre tantas adversidades a partir de su capacidad de interlocución con la sociedad civil, que evita identificar en exclusiva con los grupos disidentes y extiende a los numerosas organizaciones de masas, profesionales y juveniles o las asambleas de poder popular que participan del proceso revolucionario.

No faltará quien objete que la subordinación de las mismas al partido-Estado les resta la autonomía necesaria que permita considerarlas expresión autónoma de la sociedad, y las vea sólo como cauce de reclutamiento de cuadros y de movilización dirigida desde la Administración. Nadie duda, sin embargo, de la voluntad participativa de los cubanos en la resolución de sus problemas. La concesión del Premio Nacional de Ciencias Sociales de 2006 a Fernando Martínez Heredia puede entenderse como el justo reconocimiento a una larga trayectoria, pero también lo es a un esfuerzo por repensar el socialismo en claves distintas a las autoritarias. Martínez Heredia dirige la cátedra Antonio Gramsci y a finales de los sesenta dirigió la revista Pensamiento Crítico, cerrada en 1971 por el frío de la ortodoxia. Durante más de una década, desde mediados de los ochenta, Martínez Heredia y Rafael Hernández coincidieron en el Centro de Estudios sobre América, un organismo que destacó por sus análisis originales y que en 1996 asimismo acabó -lo habrán adivinado- disuelto por las autoridades.

La perseverancia en modelos cerrados ha de conducir únicamente al colapso del sistema, más temprano que tarde. Puesto que la experiencia del Este resulta un futuro indeseable para sus dirigentes y se hallan dispuestos a resistirlo, las alternativas en Cuba no pasan sólo por las opciones preferidas por los analistas o las cancillerías occidentales, o las exigencias del exilio, bastante más plural de lo que generalmente viene a presentarse aunque probablemente otras voces deban también tomar el relevo. El tiempo de las retóricas de la intransigencia, que magistralmente tipificó Hirschman, parece dar una oportunidad a la ecuación que pasa por incrementar en Cuba el protagonismo de la sociedad civil.

[Fotografías 2007, by © Clara Piqueras]