La innombrable deuda interna

(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 28 de mayo de 2001)

En la película Sopa de ganso el Congreso de Freedonia, decidido a endeudarse para bajar los impuestos y dar satisfacción al pueblo, atiende la imposición de la principal acreedora del país y nombra presidente a Rufus T. Firefly (Groucho Marx), a quien considera el consejero más capacitado (“Ese es un concepto bastante amplio”, apostilla Groucho). Y como el estado de cuentas del país podría entenderlo un niño de cuatro años, el nuevo mandatario, verdadera luminiscencia (firefly, luciérnaga), en su primer consejo de ministros decide pasar el tema a un niño de cuatro años porque él no entiende nada.

Algo de esto sucede con las cuentas de la Generalitat Valenciana, cuyo nivel de endeudamiento y el procedimiento seguido hasta alcanzarlo han hecho saltar la alarma. La Comunidad Valenciana ostenta el raro privilegio de ocupar el tercer lugar por volumen de endeudamiento autonómico, el segundo en deuda por habitante y el primero en deuda en relación al Producto Interior Bruto (PIB), que viene a indicar la capacidad de enjugarla en el futuro. Resulta ahora que tenemos la más keynesiana de las derechas españolas y, enfrente, una izquierda preocupada por la contención del gasto público. ¿Será eso verdad? En medio del barullo y de los titulares que nos recuerdan que una parte del porvenir ha quedado hipotecado, lo que falta es luz sobre el destino del gasto realizado: sería interesante conocer si se ha dirigido a inversiones con efecto de arrastre en el crecimiento económico y en la creación de empleo, si atiende insuficiencias históricas en servicios básicos, o, por el contrario, si hemos asistido sin saberlo a un trasvase de capitales del sector público a negocios privados al estilo de la deuda española del siglo XIX, cuando no cesaba de engordar con las generosas subvenciones a las compañías ferroviarias hasta que su atención financiera reclamó el 52% del presupuesto del Estado. No es esta, sin embargo, la única deuda que soporta el País Valenciano.

A diferencia de lo que sería habitual en cualquier lugar del mundo, quizá con la excepción de Freedonia, el Gobierno de la Generalitat exhibe entre sus mayores éxitos haber logrado que nuestra Comunidad permanezca en el grupo de las regiones europeas de menor desarrollo económico, aquellas que tienen un PIB inferior al 75% de la media europea y merecen la calificación de Objetivo 1. Tan discreto resultado tiene su compensación en las cuantiosas ayudas que se reciben, los fondos estructurales, destinados a disminuir las disparidades regionales en favor de una auténtica integración.

La Comunidad Valenciana fue considerada Objetivo 1 en 1989, 1994 y 2000, sin que al parecer las ayudas recibidas -unos 352.480 millones de pesetas de subvenciones europeas del programa FEDER y casi otro tanto de la administración nacional en diez años- hayan servido para elevar significativamente los indicadores económicos, pues el PIB ha crecido entre 1985 y 1999 en una línea muy parecida a la media española a pesar de las ventajas que se han disfrutado. En estos años se han atendido déficits en infraestructuras de aguas y transporte, y en medida mucho menor se ha dirigido a la formación de capital humano y a la promoción del turismo o el desarrollo rural, que cuenta con programas especiales.

Según indicaba un estudio de los profesores de la Universidad de Valencia Ismael Fernández y Elena Herrera, el que la Comunidad Valenciana consiguiera renovar la condición de Objetivo 1 para el periodo 2000-2006 iba a depender de “pequeñas modificaciones estadísticas”, entre ellas cómo se hiciera el cómputo de la población o la evaluación de la economía sumergida. Después de todo, la Fundación de investigaciones económicas de las Cajas de Ahorro reconocía en 1999 a nuestra comunidad un PIB per capita del 80,04 de la media europea, más de cinco puntos por encima de la línea divisoria. Al margen de la flexibilidad estadística, un arte antes que una ciencia, la explicación oficial del endémico “atraso” valenciano remite paradójicamente a la vitalidad que conoce nuestra economía, capaz de atraer inmigración hacia sectores basados en el empleo intensivo de trabajadores con baja cualificación educativa. De la explicación oficial se deduce la calidad de los empleos creados en estos años y el fracaso en la elevación de la productividad por ocupado, a la vez que se alarga la sombra sobre un ritmo de crecimiento económico insuficiente para compensar los efectos de la llegada de población de rentas bajas. Pero existe otro factor que “deprime” en términos estadísticos los indicadores de la economía valenciana. Nos referimos a las comarcas de interior y al crecimiento de la última década, que ha seguido siendo muy desequilibrado en términos territoriales. Si la inversión privada, industrial y residencial, se localiza en las comarcas costeras, otro tanto sucede con los fondos estructurales europeos que son recibidos para potenciar y favorecer la cohesión territorial pero se destinan en muy escasa medida a las comarcas menos favorecidas.

El mecanismo opera del siguiente modo: quienes con su mayor pobreza relativa generan las ayudas comunitarias gracias a sus indicadores socioeconómicos, quedan condenados a experimentar de algún modo lo que las teorías de la dependencia de los años sesenta llamaban “desarrollo del subdesarrollo”. Los fondos, entre tanto, se canalizan a proyectos de las zonas mejor dispuestas, las grandes y medianas ciudades, las áreas turísticas, las zonas industriales y portuarias, los centros de mayor índice de actividad económica y donde más posibilidades existe de que repercutan en el crecimiento económico, desde luego de sus receptores. De otra parte, como las ayudas europeas se conceden a partir de Planes de Desarrollo Regional en lugar de dirigirse a proyectos concretos, los expertos afirman que se hace difícil el seguimiento de los resultados y la reconstrucción de la política seguida por las autoridades indígenas.

El criterio de asignación de recursos es impecable en términos de eficacia inversora: promover las acciones que poseen mayor capacidad de arrastre económico, poco importa si se concentran en el litoral o en un determinado eje viario; la Comunidad Valenciana, en su conjunto, saldrá ganando aunque se acentúen sus desequilibrios internos. Pero esa lógica contradice los fines de la cohesión económica y social comunitaria, pues aplicada a la Unión Europea, las ayudas se hubieran concentrado en Renania, Lombardía y cada una de las restantes regiones ricas del continente. También alguien precisa aquí un niño de cuatro años que lo explique.

Cuesta imaginar que esta asignación asimétrica de recursos –la relativa pobreza de unos genera las ayudas que sirven para reforzar la relativa o no tan relativa riqueza de otros- haya respondido a un plan intencionado que posibilitara seguir disfrutando hasta el año 2006 de los fondos europeos. Pero las inversiones comunitarias apenas han llegado a las comarcas interiores, un amplio territorio que no debe convertirse en el patio trasero de un país en el que tanta tinta se ha empleado a propósito de su vertebración. ¿O acaso alguien cree que ésta vendrá dada por la creación de la Academia de la Lengua?

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