Oliver ya no vive aquí

(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 2005)

La llegada de Oliver Twist a una gran ciudad, hacia 1838, huyendo de los malos tratos y de los peculiares contratos de aprendizaje de la época, precipita una serie de peripecias que ilustran la difícil supervivencia de los débiles, los humildes y los desarraigados en una sociedad que experimenta a pleno pulmón las consecuencias de la revolución industrial y la extensión del capitalismo en la ‘fábrica de Europa’. Roman Polanski nos acaba de brindar una adaptación cinematográfica limpia y directa del drama infantil, sin los edulcorantes ni los efectismos de la industria sustitutiva de sueños. Aunque fiel al espíritu dickensiano, el desamparo recreado en el filme busca conmover y se resuelve en la compasión humana, de modo que el sentimentalismo embota de emociones al raciocinio e impide preguntarse el porqué de las cosas. Al poco de aparecer la novela, el joven Engels, gerente en Manchester de la empresa de hilaturas “Ermen & Engels”, ofreció una fría explicación de la desigualdad y de la exclusión en una sociedad de clases. Casi dos siglos después, el mundo no es mucho más justo y habitable, pero sí lo son los oasis de sociedades avanzadas, donde se llevan a cabo políticas sociales compensatorias.

Cuando la noción de protección social pública era una quimera, a mediados del siglo XIX los trabajadores de oficio comenzaron a proveerse de medios de autoasistencia a través de sociedades de socorros mutuos. El inicio de las reformas sociales debe aguardar en España a la extensión de las organizaciones sindicales y de la protesta hacia 1900. La actitud de los gobernantes fue cambiando y los reformistas preventivos, en buena medida de procedencia conservadora, pasaron de asignar al Estado una función tutelar y punitiva a confiarle un papel moderadamente intervensionista en el terreno social. La beneficencia asistencial decimonónica había reconstruido la atención temporal dispensada a los más necesitados en el Antiguo Régimen por instituciones piadosas. Pobres de solemnidad, niños expósitos y ancianos desamparados fueron objeto de una atención desigual orientada a mitigar el abandono, a evitar la mendicidad, a disciplinar a la infancia en el trabajo ‘exterminando la ociosidad’ y a proteger a las clases urbanas de los efectos de la emigración rural, de la fealdad de su pobreza y de sus lacras: los pordioseros y los hampones entre los que Oliver parece condenado a crecer. Los impedidos y los minusválidos carecieron de atención, con la salvedad de los sordomudos para los que hubo un corto número de escuelas. Los censos de finales del XIX señalan que el uno por cien de la población declaraba alguna discapacidad física, cuando esa confesión lejos de proporcionar ayudas suponía muchas veces un estigma social. La cifra contrasta con las exenciones de mozos llamados a filas, indicador de un precario estado de salud.

Hacia 1936 el régimen de asistencia pública se encuentra en España en fase incipiente. La guerra civil frustra el proyecto por el que se crea el seguro de enfermedad. La medida se retrasa tres décadas. La evolución posterior a 1939 aleja a nuestro país de los modelos totalitarios-asistenciales, que pretendieron suplir la ausencia de legitimidad democrática con la extensión del Estado benefactor, y de los regímenes representativos que a partir de 1945 dieron paso en Europa a la creación del Estado de Bienestar. La autarquía franquista combinó el rudo autoritarismo con un paternalismo social de tan exiguos resultados, que las prestaciones quedaron diluidas entre el seguro de vejez e invalidez para quienes hubieran cotizado, el rancio plus familiar y las mutualidades o montepíos laborales gestionados por el sindicato oficial. Para atender las discapacidades físicas dejadas por la guerra nacieron la ONCE y la Asociación de Inválidos Civiles. En el primer franquismo se desarrolló la atención caritativa por medio de dos entidades, el Auxilio Social, en origen una sección de Falange Española tomada bajo protección del Estado, y Cáritas Diocesana: nacional-sindicalismo versus nacional-catolicismo. La atención a los desvalidos quedó, en suma, confiada al ejercicio de una virtud teologal, una cualidad que recompensa espiritualmente a quien la ejerce, una suerte de transacción con reintegro aplazado. Hay que aguardar a la ley de bases de 1963 para hallar entre los cometidos de la Seguridad Social la rehabilitación e incorporación laboral de los discapacitados.

La Constitución de 1978 señala un antes y un después en nuestro país en las políticas sociales destinadas a los colectivos más vulnerables por causa de edad, discapacidad o desarraigo. El texto fundamental garantiza la asistencia y las prestaciones mediante un régimen público de Seguridad Social; compromete a las autoridades a realizar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, amparándolos especialmente para el disfrute de los derechos que la ley otorga a todos los ciudadanos; y obliga al Estado a garantizar con pensiones actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, a la vez que insta a promover el bienestar de este segmento mediante un sistema de servicios sociales que atiendan sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. El Estado deja de ser un ente paternalista y su acción se despliega sobre el conjunto de la población, indistintamente del hecho contributivo y con especial atención a los sectores más necesitados. De la caridad y el asistencialismo, a la protección de derechos fundamentales.

El avance de la sociedad democrática ha promovido una acción social pública continua y creciente, favorecida por la prosperidad económica, la asimilación de una cultura de la solidaridad y la difusión de actitudes comprensivas e integradoras hacia sectores de la población cuyas circunstancias personales o familiares pudieran originar su exclusión. El de las políticas sociales es un campo propicio al consenso de los partidos políticos. Los cambios en la Administración no han alterado sus líneas básicas, los objetivos, programas, prestación de servicios y dotación presupuestaria. En 1999 concluyó el proceso de transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios sociales complementarios antes ejercidos por el INSERSO. A partir de entonces las consejerías de Bienestar Social han competido por ampliar la cobertura de las atenciones e imaginar nuevos ámbitos de actuación, entre ellos, campañas de sensibilización de la ciudadanía. Aquí medimos el verdadero nivel de desarrollo humano de una sociedad, como nos recuerda el Programa de Naciones Unidas que lleva ese nombre. Y nuevos retos exigen nuevos compromisos, también mayor dotación económica. El salto de la inmigración en la última década ha introducido el riesgo de un resquebrajamiento del modelo de cohesión social. Oliver ya no vive entre nosotros pero es indispensable que no llegue a transmutarse en Mahmûd o Fathi, nuestros nuevos vecinos. Porque Oliver, con otros nombres, sigue habitando numerosas ciudades del planeta.

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