La nueva no tiene desperdicio: Francisco Camps, presidente de la Generalitat que se ha visto obligado a dimitir del cargo debido a su próximo procesamiento por un delito de cohecho, presidente de un partido y de un gobierno sobre el que acaba de abrirse una causa en el Tribunal Superior de Justicia por presuntos delitos de prevaricación, financiación ilegal, fraude y falsedad documental, entre otras, formará parte del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. A la vista de la trayectoria de Camps, examinada por la justicia y a falta de una condena que por el momento lo habilita para el desempeño de puestos públicos, es poner al zorro a guardar las gallinas.

El Consejo Jurídico, en definición de la ley por la que se creó, es el órgano consultivo supremo en materia jurídica de la administración autonómica, del Consell y, en su caso, de las administraciones locales. La ley prevé que los ex presidentes de la Generalitat sean miembros natos y vitalicios del Consejo Jurídico siempre que lo soliciten, con voz y sin voto pero con las correspondientes retribuciones, que ascienden a cerca de 58.000 euros anuales.

Corruptos a la prisión, solicitaban las protestas del movimiento del 15-M. Ningún imputado en las listas electorales, añade la opinión pública, si hemos de creer las encuestas del CIS. Pues bien, uno de cada cinco diputados del grupo popular de las Cortes valencianas se encuentra inmerso en una causa por delitos graves. Y el ex presidente, que en el último momento retiró la firma de su inculpación en un caso de cohecho y debe afrontar en otoño un juicio con jurado, entra en el máximo órgano consultivo que vela por la legalidad de las decisiones del Consell. Suma y sigue.

El descrédito de la institución autonómica sube otro peldaño. Sucede poco después de que las Cortes valencianas votaran un acuerdo que debía ser unánime y del que a última hora se descolgó Compromís, por el que se designaban los miembros del Consell Valencià de Cultura, órgano asesor de la Generalitat. En su mayor parte ha quedado integrado por políticos veteranos pasados a la reserva, muchos respetables pero con una escasísima trayectoria en materia cultural. La maniobra de Compromís de negar el voto acordado y esperar que los demás grupos cumplieran el pacto, dejó fuera a su candidato, Francesc Mira, reputado hombre de letras, premio nacional de literatura y de traducción, entre otros galardones que tiene en su haber.

En una de las primeras reuniones del ya convulso periodo legislativo, que en pocos días ha asistido a dos investiduras de presidente de la Generalitat, los partidos aprobaron por unanimidad incrementar un 11% la aportación a los grupos parlamentarios, unos 400.000 euros. Se pretextó la existencia de un grupo más. El número de diputados no ha variado. En medio de una política de recortes del gasto público y, previsiblemente, de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, el gesto es poco edificante.

Una de las primeras medidas adoptadas por el alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, que en la pasada legislatura obtuvo la alcaldía gracias al voto de un disidente del PP, acción que le valió un expediente del PSOE y la baja voluntaria en su partido para evitar su expulsión, maniobra que fue condenada por la Comisión del Pacto nacional Anti-transfuguismo, consistió en reducir el número de asesores de los grupos pero conservar para sí la retribución de 92.000 euros. Es una cifra similar a la que percibe Rita Barberá, en Valencia, y superior a la del presidente del Gobierno, superior en 30.000 euros a la recomendación de la Federación de Municipios y Provincias para poblaciones del tamaño de Benidorm.

Todo ello en medio de un clamor sobre la regeneración democrática, la transparencia y la exigencia de honestidad a los servidores públicos.

Claro, que el gobierno de Castilla-La Mancha ha pasado a presidirlo De Cospedal, secretaria nacional del PP, la misma que hace dos veranos, sin duda con las meninges afectadas por la ola de calor, anunció a los medios de comunicación que era objeto de una operación de espionaje decidida por el Ministerio del Interior y Juan Cotino, presente de las Cortes Valencianas no tiene inconveniente, un día sí y otro también, en proclamar que el gobierno de España, con el auxilio de los fiscales y los jueces, vulnera el Estado de derecho.

Malos tiempos para la lírica, peor para los principios, y sin éstos es difícil llegar a un buen final.