Presentación del libro El secuestro de la democracia


Vídeos (I y II) de la presentación del libro El secuestro de la democracia. Salón de Actos del Jardín Botánico (Universitat de València), 5 de mayo de 2011:

© vídeo: Canal de anomorsigol

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Luna, sus derechos y los nuestros

Con una semana de distancia la Comunitat Valencina ha sido testigo de dos actuaciones singulares. El 5 de abril el síndico-portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Ángel Luna, compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para responder de una acusación de encubrimiento. En contra de la opinión de la Fiscalía, el juez instructor, Juan Montero, consideró un delito no haber revelado cómo había llegado a sus manos un informe policial que pertenece a una causa declarada secreta, del que los medios de comunicación han publicado amplios extractos. El documento policial en cuestión, utilizado en la tribuna parlamentaria, ofrecía los gastos contraídos durante la visita del papa a Valencia en 2006, información numerosas veces requerida al Consell por vía parlamentaria, siempre negada. El juez instructor, con su persistente diligencia en atender la demanda del portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco, miembro a la vez del Ejecutivo (su capacidad de desdoblamiento es proverbial), acaba de ganarse un puesto en la pequeña historia de la Comunidad Valenciana de estos últimos años, tan pródigos en maravillas y en tribulaciones. Luna, finalmente, ha sido absuelto de las temerarias acusaciones.Es una lástima que la Justicia no haya entrado en la cuestión previa: la inmunidad que presuntamente le amparaba en el ejercicio de control del Poder Ejecutivo en defensa  de los intereses de los ciudadanos, de todos.

El 28 de marzo, en el Palau de la Generalitat, el presidente Francisco Camps presentaba los actos conmemorativos de la Constitución de 1812. Camps animó a “divulgar este momento tan importante de la historia de nuestro país”, porque, dijo en su estilo sencillo, “es bueno recordar las cosas buenas” y comprobar “que no somos producto del artificio”. Buen recordatorio, cuatro días antes de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al TSJ la imputación de Camps y de otros altos cargos del Consell y del PP, por presuntos delitos de cohecho, contra la Administración y delito electoral. La Fiscalía considera que hay indicios legales suficientes para procesar a nuestros máximos gobernantes por haber ideado un artificio financiero destinado a alterar la libre competencia electoral y adquirir ventaja en los comicios. Es bueno recordar las cosas. Lo acaba de afirmar nuestro Presidente. Es bueno divulgar el momento liberal de Cádiz.

He aquí algunas ideas sobre la actualidad, para los valencianos, de la Constitución de 1812. Proclamaba aquel texto la división de poderes y atribuía a cada uno límites y funciones, por aquello de impedir abusos. Declaraba, entre otros principios, que los integrantes del Ejecutivo no podían ser diputados –y viceversa-, y que serían responsables de sus actos ante las Cortes; en particular, debían rendir cuentas anuales de los gastos que se hubieran hecho en sus respectivos ramos. Establecía la Constitución, en su artículo 128, un principio destinado a salvaguardar la libertad plena de los representantes, requerida para el ejercicio de sus funciones: “Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas”. Los parlamentarios siquiera podrían ser demandados civilmente mientras estuvieran en el desempeño del cargo. El precepto venía de la tradición inglesa del siglo XVII: sólo la garantía de inviolabilidad confería al diputado la capacidad de hacer efectivo su mandato en representación de sus electores y del pueblo en general, mandato que comprendía en primer lugar la exigencia de responsabilidades al gobierno y su eventual censura.

La Constitución de 1812, merecedora del recuerdo por tantas cosas, era minuciosa en el desarrollo del procedimiento de elección de los compromisarios que terminarían eligiendo a los diputados. En el colegio electoral de la parroquia el presidente debía interrogar a los asistentes en público si alguien deseaba exponer alguna queja “relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona”. La justificación, pública y verbal, debía realizarse en el mismo acto, y de comprobarse su veracidad, el acusado quedaría privado de voto y de capacidad de postularse. La Constitución declaraba que el soborno, el cohecho y la prevaricación eran los delitos más graves en los que podían incurrir los servidores públicos, entre los que incluía a los magistrados y a los jueces.

La campaña de la Generalitat sobre la divulgación de los valores de 1812 incluye un programa muy oportuno, a la vista de los acontecimientos actuales. Se denomina “Busca la Constitución en tu ciudad”. Busquémosla también en la Comunidad. La Generalitat, asimismo, invita a organizar una “Marcha de la Ciudadanía”. De nuevo no podía ser más pertinente si se confirma que hemos sido gobernados durante cuatro años por un consorcio que ganó las elecciones de 2007 sirviéndose de mecanismos ilegales, sin que nada indique que, de haber existido aquéllos, hayan sido completamente desmantelados. Habría que tomarle la palabra e ir a una marcha de la ciudadanía que se considera celosa de los derechos y de las libertades. Una marcha, que sin temor a represalias, pueda seguir dando vivas a la Pepa, tan distante en el tiempo, tan vigente en muchos de sus principios.

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Oliver ya no vive aquí

(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 2005)

La llegada de Oliver Twist a una gran ciudad, hacia 1838, huyendo de los malos tratos y de los peculiares contratos de aprendizaje de la época, precipita una serie de peripecias que ilustran la difícil supervivencia de los débiles, los humildes y los desarraigados en una sociedad que experimenta a pleno pulmón las consecuencias de la revolución industrial y la extensión del capitalismo en la ‘fábrica de Europa’. Roman Polanski nos acaba de brindar una adaptación cinematográfica limpia y directa del drama infantil, sin los edulcorantes ni los efectismos de la industria sustitutiva de sueños. Aunque fiel al espíritu dickensiano, el desamparo recreado en el filme busca conmover y se resuelve en la compasión humana, de modo que el sentimentalismo embota de emociones al raciocinio e impide preguntarse el porqué de las cosas. Al poco de aparecer la novela, el joven Engels, gerente en Manchester de la empresa de hilaturas “Ermen & Engels”, ofreció una fría explicación de la desigualdad y de la exclusión en una sociedad de clases. Casi dos siglos después, el mundo no es mucho más justo y habitable, pero sí lo son los oasis de sociedades avanzadas, donde se llevan a cabo políticas sociales compensatorias.

Cuando la noción de protección social pública era una quimera, a mediados del siglo XIX los trabajadores de oficio comenzaron a proveerse de medios de autoasistencia a través de sociedades de socorros mutuos. El inicio de las reformas sociales debe aguardar en España a la extensión de las organizaciones sindicales y de la protesta hacia 1900. La actitud de los gobernantes fue cambiando y los reformistas preventivos, en buena medida de procedencia conservadora, pasaron de asignar al Estado una función tutelar y punitiva a confiarle un papel moderadamente intervensionista en el terreno social. La beneficencia asistencial decimonónica había reconstruido la atención temporal dispensada a los más necesitados en el Antiguo Régimen por instituciones piadosas. Pobres de solemnidad, niños expósitos y ancianos desamparados fueron objeto de una atención desigual orientada a mitigar el abandono, a evitar la mendicidad, a disciplinar a la infancia en el trabajo ‘exterminando la ociosidad’ y a proteger a las clases urbanas de los efectos de la emigración rural, de la fealdad de su pobreza y de sus lacras: los pordioseros y los hampones entre los que Oliver parece condenado a crecer. Los impedidos y los minusválidos carecieron de atención, con la salvedad de los sordomudos para los que hubo un corto número de escuelas. Los censos de finales del XIX señalan que el uno por cien de la población declaraba alguna discapacidad física, cuando esa confesión lejos de proporcionar ayudas suponía muchas veces un estigma social. La cifra contrasta con las exenciones de mozos llamados a filas, indicador de un precario estado de salud.

Hacia 1936 el régimen de asistencia pública se encuentra en España en fase incipiente. La guerra civil frustra el proyecto por el que se crea el seguro de enfermedad. La medida se retrasa tres décadas. La evolución posterior a 1939 aleja a nuestro país de los modelos totalitarios-asistenciales, que pretendieron suplir la ausencia de legitimidad democrática con la extensión del Estado benefactor, y de los regímenes representativos que a partir de 1945 dieron paso en Europa a la creación del Estado de Bienestar. La autarquía franquista combinó el rudo autoritarismo con un paternalismo social de tan exiguos resultados, que las prestaciones quedaron diluidas entre el seguro de vejez e invalidez para quienes hubieran cotizado, el rancio plus familiar y las mutualidades o montepíos laborales gestionados por el sindicato oficial. Para atender las discapacidades físicas dejadas por la guerra nacieron la ONCE y la Asociación de Inválidos Civiles. En el primer franquismo se desarrolló la atención caritativa por medio de dos entidades, el Auxilio Social, en origen una sección de Falange Española tomada bajo protección del Estado, y Cáritas Diocesana: nacional-sindicalismo versus nacional-catolicismo. La atención a los desvalidos quedó, en suma, confiada al ejercicio de una virtud teologal, una cualidad que recompensa espiritualmente a quien la ejerce, una suerte de transacción con reintegro aplazado. Hay que aguardar a la ley de bases de 1963 para hallar entre los cometidos de la Seguridad Social la rehabilitación e incorporación laboral de los discapacitados.

La Constitución de 1978 señala un antes y un después en nuestro país en las políticas sociales destinadas a los colectivos más vulnerables por causa de edad, discapacidad o desarraigo. El texto fundamental garantiza la asistencia y las prestaciones mediante un régimen público de Seguridad Social; compromete a las autoridades a realizar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, amparándolos especialmente para el disfrute de los derechos que la ley otorga a todos los ciudadanos; y obliga al Estado a garantizar con pensiones actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, a la vez que insta a promover el bienestar de este segmento mediante un sistema de servicios sociales que atiendan sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. El Estado deja de ser un ente paternalista y su acción se despliega sobre el conjunto de la población, indistintamente del hecho contributivo y con especial atención a los sectores más necesitados. De la caridad y el asistencialismo, a la protección de derechos fundamentales.

El avance de la sociedad democrática ha promovido una acción social pública continua y creciente, favorecida por la prosperidad económica, la asimilación de una cultura de la solidaridad y la difusión de actitudes comprensivas e integradoras hacia sectores de la población cuyas circunstancias personales o familiares pudieran originar su exclusión. El de las políticas sociales es un campo propicio al consenso de los partidos políticos. Los cambios en la Administración no han alterado sus líneas básicas, los objetivos, programas, prestación de servicios y dotación presupuestaria. En 1999 concluyó el proceso de transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios sociales complementarios antes ejercidos por el INSERSO. A partir de entonces las consejerías de Bienestar Social han competido por ampliar la cobertura de las atenciones e imaginar nuevos ámbitos de actuación, entre ellos, campañas de sensibilización de la ciudadanía. Aquí medimos el verdadero nivel de desarrollo humano de una sociedad, como nos recuerda el Programa de Naciones Unidas que lleva ese nombre. Y nuevos retos exigen nuevos compromisos, también mayor dotación económica. El salto de la inmigración en la última década ha introducido el riesgo de un resquebrajamiento del modelo de cohesión social. Oliver ya no vive entre nosotros pero es indispensable que no llegue a transmutarse en Mahmûd o Fathi, nuestros nuevos vecinos. Porque Oliver, con otros nombres, sigue habitando numerosas ciudades del planeta.

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Dímelo en latín

(Publicado en Levante-El Mercantil Valenciano, 30 de marzo de 2008)

La escena transcurre una noche calurosa en la veranda de la casa principal. Los esclavos de la plantación se hallan encerrados en sus barracones y la dueña ansía saber lo que hacen. El capellán los espía con unos prismáticos y se azora. La señora le pide una descripción y el cura, a un tiempo escandalizado y capturado por lo que observa, se resiste. El ama, resuelta, encuentra la solución: “Dímelo en latín”. Y el sacerdote, liberado de la lengua vulgar, describe entonces las procacidades que se ofrecen a sus ojos. “Dímelo en latín”, reclamaba el personaje de la novela de Juan Goytisolo, Señas de identidad. En latín se escribe el lema de mi universidad: en la fase de redacción de los estatutos, para darle solemnidad y pedigrí a una institución fundada en febrero de 1991 por acuerdos de las Cortes Valencianas, se fabuló que heredaba la tradición de las aulas de latinidad de siglos pasados y se encargó a un antiguo clérigo que rebuscara en sus libros una sentencia rotunda; la encontró en el preceptor de Nerón: Sapientia sola libertas est, la libertad está en el conocimiento. Bonita simplicidad que podría suscribir cualquier sátrapa, dichoso de encerrar en la ciencia lo que pertenece a la sociedad.

Dímelo en inglés o en cualquier lengua que vede el contenido a la comprensión de la mayoría, solicita hoy el presidente Camps a propósito de la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, que es tanto como pedir que se dicte en sánscrito porque previamente los alumnos no han alcanzado un nivel suficiente del idioma y, lo que es más importante, se carece de un profesorado con la doble cualificación exigida, en la materia y en la lengua. Si la medida hubiera ido acompañada de un plan de inmersión lingüística la iniciativa no hubiera resultado tan extemporánea. Pero no se pide igual trato para las matemáticas o la literatura a pesar de los magros resultados que arroja el Informe PISA sobre la educación en nuestro país, incluidos los idiomas extranjeros. Mientras en otras comunidades autónomas se enciende la luz de alarma y las autoridades se aplican a remediar la deficiente formación con la que los estudiantes salen de las aulas, en la Comunitat Valenciana bajo la égida del Sr. Camps del País de las Maravillas el problema consiste en adaptar las disposiciones legales a la opinión de la jerarquía eclesiástica, tradicionalmente dispuesta en España, como es conocido, al fomento de los valores cívicos, tal y como se puso de manifiesto en su defensa de la democracia entre 1931 y 1975 y su firme oposición a la violación de los derechos humanos durante la dictadura. La calidad solidaria de la Conferencia Episcopal vuelve a revelarse en la tasa de escolarización de menores pertenecientes al colectivo inmigrante y de rentas bajas en los colegios religiosos concertados, posiblemente igual o superior al de los centros públicos. ¿O no es así? Es verdad que la triada moral de la cultura andina –no robar, no mentir, no engañar- puede ser para otros una evidencia de lo inevitable del choque de las civilizaciones contra la que hay que protegerse. En fin, ¿a qué venir con eso de formar en tolerancia, igualdad de hombres y mujeres, cooperación, rechazo a la injusticia social? Eso es “adoctrinar” a los jóvenes, reponen los detractores de la nueva asignatura.

De hecho, podemos debatir la utilidad de la enseñanza curricular de una materia como la mencionada. Francamente, tengo mis dudas. Medio siglo de nacional-catolicismo no logró mediante la persuasión disciplinaria hacer de España la reserva espiritual de Occidente. Ocho o diez cursos consecutivos de estudio de religión no han servido para hacer de los católicos nominales unos observantes efectivos ni mejores personas que los agnósticos. La enseñanza de la ética durante décadas no ha mejorado la calidad de los comportamientos de los individuos. Tal vez fuera preferible explicar la difícil construcción de la noción “derechos humanos” y el desarrollo de los derechos civiles y políticos, realidades concretas, que regresar a la filosofía moral y al catecismo secularizado. Pero eso es historia, que en el plan de las enseñanzas primaria y secundaria se funde a menudo con la geografía y las llamadas “ciencias sociales”, en un popurrí de difícil digestión.

Nos serviría más a todos que el presidente Camps y sus colaboradores gobernaran conforme a los usos parlamentarios que estipula el Estatut, garantizara la pluralidad en los medios de comunicación públicos y no tratara de condicionar los medios privados. Sería preferible que compareciera en las Corts de manera habitual para someterse al control de los representantes de los ciudadanos, cualquiera que sea la lengua elegida para responder a la oposición: hasta el inglés que propugna debiera estarle permitido, con tal de que respetara la institución central del régimen autonómico. Quizá también debiera tomar cartas en el asunto y evitar que las instituciones sirvieran para blindar a altos cargos y a sus familiares frente a la acción de la justicia por presuntos delitos, antes que ordinarios, de una vulgaridad vergonzosa.

Hay quien se sirve con provecho del doble-lenguaje –al modo descrito por Orwell en su novela 1984-, y hay quienes, como un sector de los dirigentes socialistas valencianos, optan por una actitud autista que prescinde de la comunicación articulada y remite a los signos, lo que a tenor del humo debe indicar algún grado de combustión interna cuando ya pensábamos que se había extinguido la materia orgánica. ¿Qué lenguaje utiliza el Partido Popular valenciano? Desde luego, resulta capaz de ser atendido con rara fidelidad por la mitad de la población, y sin embargo cada vez es más parecido al gesticulante gruñido de una memorable película de Charles Chaplin sobre la fascinación del liderazgo sobre ciertas masas y la dificultad de la gente corriente para hacerse entender. Tal vez el problema sea otro: lo de menos es la lengua que se emplee cuando hay tan poco interesante que decir.

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Bolonia, oportunidad y pretexto

(Publicado en Levante-El Mercantil Valenciano, 16 de noviembre de 2008)

Hemos vivido una larga etapa de tranquilidad en las universidades. Los profesores estaban en lo suyo: las clases, los alumnos, crear conocimiento, hacer curriculum; los estudiantes se esfuerzan más o menos, aprovechan las variadas ofertas lúdico-culturales, celebraban sus jueves universitarios y los delegados gastan buenas sumas de dinero en fiestas de bienvenida que sufragan los rectorados en un gesto dirigido a las asociaciones con voto en la junta de gobierno. A los sumo, había protestas por el descenso de calidad de los menús que sirven las cafeterías. Ahora, dejan oír su voz a propósito del Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso aprobado en Bolonia que busca armonizar los estudios para facilitar la equiparación formativa, la movilidad y el reconocimiento de calificaciones.

Después de un baile de ministros y de cambios en las directrices, nuestras autoridades optaron por dar barra libre a cada una de las casi setenta universidades del país, con pequeñas obligaciones relativas a la duración de los estudios, los grados e ingenierías, de cuatro años, uno más de lo habitual en el resto de Europa, y de los master oficiales de especialización (optativos), que aquí serán de un año, la mitad de lo que es común en Europa. Teniendo en cuenta que se buscaba la armonización, no está mal comenzar la sinfonía con un compás diferente.

Cada universidad ha quedado facultada para diseñar sus títulos y una agencia pública se reserva su aprobación. Como las universidades conservan suficiente sentido común, aunque tampoco andan sobradas, los nuevos grados evitan las excentricidades y, por lo general, Derecho sigue llamándose Derecho, Química no se denomina Alquimia y así sucesivamente. E incluso en la mayoría de los casos, las enseñanzas básicas serán las mismas que ahora, sólo que sus contenidos se recortan de un 20 a un 40%, con la excepción de Medicina y unos pocos títulos más, porque con la salud no se juega.

Una previsión razonable señala que la mayoría de los estudiantes cursará los grados y con esa formación buscará integrarse en el mercado de trabajo. Un pequeño sector –más numeroso a medida que encuentre dificultad para colocarse, disponga de recursos económicos y no tenga algo mejor que hacer- se matriculará en los master oficiales de postgrado. Una parte de quienes ingresen en el mundo laboral, a medida que lo requiera la demanda o las expectativas de promoción personal –el famoso afán de superación, que es como el dedo meñique de la mano invisible que mueve el mercado y las ambiciones con las que juega el dueño del casino-, volverá a las aulas para tomar cursos específicos o se matricularán on-line para obtener, a la carta, diplomas adicionales. Por lo que les va a las cuentas de las universidades, todo será pura “excelencia”, la última palabra en mercadotecnia de educación superior que al parecer no requiere certificado de autenticidad, y si hace falta, se adquiere como lo hacen las empresas por un precio negociable.

Es el mercado, estúpido, protestan los estudiantes. ¿Para qué sostener títulos con escasa matrícula?, reponen las autoridades. Puesto que las retribuciones de los primeros empleos son bastante bajas –becas, contratos de aprendizaje y otras modalidades flexibles para el empleador-, ¿qué necesidad hay de invertir dinero público en un “exceso” de tiempo de formación que no aprecia el mercado laboral? Pocos lamentan que en una o dos generaciones se extingan ramas del conocimiento. Las disciplinas humanísticas –lenguas y cultura clásicas y modernas, literatura, historia, arte, filosofía, son las principales candidatas a ser sustituidas por wikipedia. “Al paso que vamos, se venderá hasta el aire que respiramos”, afirmó un diputado en las Cortes de la Primera República ante la necesidad del Estado de privatizar recursos. “La preocupación de Su Señoría no es digna de nuestro tiempo”, contestó el ministro de Hacienda, José de Echegaray, insigne matemático y mediocre escritor que en 1904 recibiría el Premio Nobel de literatura.

Entre tanto, los gestores y los profesores universitarios se han lanzado a diseñar los mejores títulos siguiendo el acreditado principio de que la presencia mayoritaria de representantes de un departamento o un área de conocimiento en una comisión de planes de estudios garantiza la mayor ganancia de materias para dicho grupo. Es el principio darwinista de la lucha por la vida. Nunca como ahora se había enseñado valores, y pocas veces antes se han escuchado opiniones tan ajenas a los mismos.

Existe un segundo problema, la ubicación de los profesores funcionarios  superfluos al reducirse la duración de las carreras. Hay que encontrarles acomodo, quizá, como sugiere la Generalitat Valenciana, fusionando títulos que no servirán de nada. En mi universidad una mente lúcida ha encontrado otra solución: adscribir cada asignatura a dos áreas, lo que significa que podría impartirla un no-especialista sobrante. Y en administración, lo que puede suceder, acaba sucediendo. Por ejemplo, que el derecho mercantil lo enseñe un penalista o que las clases de pediatría -si alcanzamos a ver el título de Medicina- corran a cargo de un forense (y esto último nada tiene que ver con la profesión del titular de la Consejería de Educación, ni juzga la naturaleza de su gestión).

El proceso de Bolonia abre enormes oportunidades si se saben aprovechar. Lo hemos comprobado a partir de la experiencia de intercambio con otros países, los Erasmus. Otra cosa es cómo se haga la reforma, con qué criterios y procedimientos. Bien distinto hubiera sido ordenar el mapa de titulaciones, racionalizar e integrar el sistema universitario de la Comunitat, establecer mecanismos de corresponsabilidad de las universidades, que hasta el presente son, esencialmente, unidades de gasto, garantizar que incorporen a los profesores más preparados. Claro, que eso significa disponer de política universitaria, uno de los secretos mejor guardados del gobierno Camps.

Con una inversión pública por estudiante universitario diez puntos inferior a la de la media europea, cediendo la cancha a los intereses corporativos y dejando la planificación en manos de gladiadores, para que la diseñen en la arena con el tridente, la red y el puñal, con las autoridades académicas más interesadas en los flashes y en sus cosas, no parece que se haya escogido el mejor de los caminos posibles.

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Sociedad civil y poder en Cuba (hoy)

(Publicado en El Correo, 20 de febrero de 2008)

Con la misma regularidad con la que en el trópico se esperan los ciclones, cada dieciséis años se ha asistido en Cuba a un reajuste y al inicio de un nuevo ciclo político. En 1959 la revolución nacía «verde como las palmas», en referencia a su cariz nacionalista. Pronto comenzaron las acciones desestabilizadoras en el interior y el extranjero que culminaron en el desembarco de Bahía Cochinos. La contraparte eran las nacionalizaciones y la creación de instrumentos de poder excepcionales, desde los tribunales revolucionarios que se inspiraban en una disposición de 1896 del Ejército mambí a los Comités de Defensa de la Revolución, los ojos y oídos que cuadra por cuadra y en cada edificio velaban contra la infiltración contrarrevolucionaria, según proclamaban.

Los revolucionarios en el poder era el título de uno de los libros que mejor ha diseccionado la década de los sesenta. En él, K.S. Karol nos narraba la improvisación y el voluntarismo que guiaban a los nuevos dirigentes, llevados de unas prioridades a otras, permutando los sistemas de organización y definiendo líneas de actuación internacional contrapuestas. El turismo revolucionario practicado por los intelectuales occidentales de la época, de Jean-Paul Sartre a Wright Mills, de Hans Magnus Enzensberger a Juan Goytisolo, dio cuenta de un fenómeno innovador y abierto a la participación en el que también las filas de la oposición iban engrosando con los desprendidos del proceso. Los informes elaborados durante los años sesenta por las embajadas de Checoslovaquia y Hungría reflejan un distanciamiento político de la experiencia cubana, a la que se resisten a homologar y califican de populismo caudillista.

El afán de supervivencia tras el fracaso de la zafra de los diez millones introdujo a partir de 1970 un severo correctivo: se asimilan, de un lado, los métodos de dirección política y económica ‘ortodoxos’, en un proceso de sovietización que culmina en 1975 con el primer congreso del Partido Comunista; de otro lado, en 1974 se institucionaliza la participación política de la población mediante el llamado Poder Popular, un sistema de elección de representantes que algunos se apresuraron a definir como la verdadera democracia. No todos lo entendieron igual y en 1980 tuvo lugar el mayor éxodo de aluvión, con la salida por el puerto de Mariel de 150.000 cubanos con destino a Florida. Sin embargo, los progresos en el terreno de la sanidad y la educación y el acceso a ciertos bienes generaron una sociedad de austera prosperidad cuyos indicadores de desarrollo humano superaron al de la mayoría de países latinoamericanos.

El derrumbe y desaparición del bloque aliado entre 1989 y 1991 puso fin al segundo acto, sustituido por un sacrificado ‘período especial’ de emergencia, después de soportar una caída casi a la mitad del PIB y un empobrecimiento pavoroso de la población al que muy lentamente se ha ido dando respuesta, mientras los cubanos han aprendido a resolver las situaciones más inverosímiles y se han habituado a la presencia de negocios de propiedad mixta o extranjera cuya titularidad no les está permitida a los nacionales, a recibir parte de sus ingresos en moneda convertible como estímulo material, a una avalancha turística y a conocer escándalos de defraudación colectiva y jerárquica, periódicamente denunciada por las propias autoridades..

En cada una de las tres fases el control político ha ido centralizándose. Algunos lo discuten señalando que la reforma de las leyes en 1992 posibilitó una descentralización electiva al promover la pluralidad de candidatos para cada puesto. Sería una pluralidad muy limitada, pues los aspirantes, entre otras condiciones, deben actuar dentro de la revolución, ya que el artículo 62 de la Constitución prohíbe -y las leyes penalizan- el ejercicio de las libertades «contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo». Lleva razón Raúl Castro cuando afirma que la sucesión de Fidel sólo puede ser colectiva en el PCC, puesto que es la columna vertebral del Estado e incluso las Fuerzas Armadas no pueden entenderse al margen de la dirección del partido y de la estructura de poder establecidos.

Desde el exterior, el dilema ha sido definido en términos de sucesión (y continuidad) o de transición (y ruptura). Queda la alternativa del retorno del protagonismo a la sociedad civil. El precedente de los sesenta es un espejo, quizá empañado por el paso del tiempo. Algunos intelectuales lo han expresado en público y vienen reflexionando sobre ello por escrito: una evolución socialista que incremente la participación y refuerce el papel del ciudadano, que proporcione garantías jurídicas a la persona en aquellos aspectos en que fueron sacrificadas en diferentes etapas del pasado, el respeto a la pluralidad de una sociedad adulta y plural, la apertura sin temor de un diálogo nacional con el que existen cada vez mejores condiciones para emprenderlo.

Cuba dispone de un volumen de capital humano incomparable con cualquier otro país de su entorno. De hecho, la prestación corporativa de servicios profesionales en educación, sanidad e infraestructuras, contratados por el Estado cubano con otros países, se ha convertido en una fuente destacada de ingresos que parcialmente perciben los prestatarios y proporciona materias primas en condiciones preferenciales que, como sucede con el petróleo, permiten atender las necesidades energéticas nacionales y posibilita la reexportación de refino, como todo indica que ha vuelto a suceder.

Hace unos años escribía Rafael Hernández que la mayoría de los cubanos no quieren vivir equitativamente pobres y se identifican con la defensa de valores humanos incuestionables, encarnados -según creía- en el proyecto nacional de justicia y soberanía que debía defender el régimen socialista. Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas y estos días profesor invitado en la universidad de Harvard, sostiene la opinión de que el régimen se ha mantenido entre tantas adversidades a partir de su capacidad de interlocución con la sociedad civil, que evita identificar en exclusiva con los grupos disidentes y extiende a los numerosas organizaciones de masas, profesionales y juveniles o las asambleas de poder popular que participan del proceso revolucionario.

No faltará quien objete que la subordinación de las mismas al partido-Estado les resta la autonomía necesaria que permita considerarlas expresión autónoma de la sociedad, y las vea sólo como cauce de reclutamiento de cuadros y de movilización dirigida desde la Administración. Nadie duda, sin embargo, de la voluntad participativa de los cubanos en la resolución de sus problemas. La concesión del Premio Nacional de Ciencias Sociales de 2006 a Fernando Martínez Heredia puede entenderse como el justo reconocimiento a una larga trayectoria, pero también lo es a un esfuerzo por repensar el socialismo en claves distintas a las autoritarias. Martínez Heredia dirige la cátedra Antonio Gramsci y a finales de los sesenta dirigió la revista Pensamiento Crítico, cerrada en 1971 por el frío de la ortodoxia. Durante más de una década, desde mediados de los ochenta, Martínez Heredia y Rafael Hernández coincidieron en el Centro de Estudios sobre América, un organismo que destacó por sus análisis originales y que en 1996 asimismo acabó -lo habrán adivinado- disuelto por las autoridades.

La perseverancia en modelos cerrados ha de conducir únicamente al colapso del sistema, más temprano que tarde. Puesto que la experiencia del Este resulta un futuro indeseable para sus dirigentes y se hallan dispuestos a resistirlo, las alternativas en Cuba no pasan sólo por las opciones preferidas por los analistas o las cancillerías occidentales, o las exigencias del exilio, bastante más plural de lo que generalmente viene a presentarse aunque probablemente otras voces deban también tomar el relevo. El tiempo de las retóricas de la intransigencia, que magistralmente tipificó Hirschman, parece dar una oportunidad a la ecuación que pasa por incrementar en Cuba el protagonismo de la sociedad civil.

[Fotografías 2007, by © Clara Piqueras]

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La fábula del león y el democristiano

(Publicado en EL PAIS, Comunidad Valenciana, 19 de mayo de 2007)

El cuento debió gestarse en la Italia, cuando el secuestro y muerte de Aldo Moro después de haber sido abandonado por los suyos: en la Roma de los césares el Coliseo tenía sus buenos espectáculos: lucharon los gladiadores y sacaron a los cristianos, un número de éxito seguro. Los rugidos de las fieras se confundían con el vocerío de las gradas. Hasta que se hizo un silencio atónito y alguien con vistas al anfiteatro comentó la escena: “Han sacado a los demócratas-cristianos y se están comiendo a los leones”.

Por la puerta falsa está regresando la política confesional y la Comunidad Valenciana es su adelantada. Desde 1977 la opción democristiana ha fracasado en las urnas. En 1989 el Partido Popular la integró y a la vista de experiencias anteriores, sus seguidores escogieron la discreción ideológica antes que ser arrojados de nuevo a las tinieblas exteriores. Pero de otro modo, sin pasar por el registro de asociaciones ni presentarse a un congreso, el ideario confesional ha vuelto a la política, esta vez teñido de un fundamentalismo que hace de la democracia cristiana –la del Coliseo romano y la Transición- una tierna criatura en comparación con la Gran Armada de cadenas de radio, concesiones televisivas y universidades diocesanas sufragadas con recursos aportados por el Estado laico, el de todos, el encargado de promover y garantizar la convivencia desde el reconocimiento de las diferencias y el respeto a las creencias ajenas.

De manera subrepticia los nuevos nacional-católicos han pasado a controlar el PP en la Comunidad Valenciana. En los últimos años, en privado y con cierto desdén, el sector afín a Eduardo Zaplana se refería a la corriente seguidora del Sr. Camps con el calificativo de “los cristianos”. Puesto que ninguno de aquellos podía reputarse de anticlerical, algunos presumían de buenos católicos y hasta el mismo Zaplana presidió la delegación que asistió en la Santa Sede a la canonización de los Mártires valencianos de la Cruzada, hemos de deducir que el epíteto no encerraba una crítica a las convicciones de sus enemigos sino a un modo de actuar que se ampara en una concepción esencialista de la religión con la finalidad de desarrollar espíritu de grupo… de poder, por supuesto.

Ahora se ha podido comprobar la ferocidad del Sr. Camps: de haber sido preciso hubiera devorado de una dentellada a los leones y a los democristianos. Al confeccionar las listas electorales se ha conformado con engullirse a los zaplanistas, a los liberal-reformistas llegados de la izquierda y a antiguos regionalistas de sentido común. ¿Qué se hará en adelante de la derecha laica? A la guerra con la guerra, dijo el general Weyler al tomar posesión en 1896 de su mando en Cuba. A la guerra con la guerra, proclaman los espíritus tenidos durante un tiempo por beatíficos. Con los ganadores sigue un habitual en los últimos veinticinco años, nuestro particular Fouché, quien después de haber ejercido de materia gris con Zaplana hace otro tanto para el sucesor, o el sucesor del interino, pues casi siempre olvido al Sr. Olivas, como Billy Bob Thorton, el Presidente que nunca estuvo allí. Todo un ejercicio de malabarismo al servicio de la continuidad, personal, se entiende: desde la militancia en el pensamiento Mao Tse-tung al servicio de la línea del hisopo y el martillo (de herejes), eso sí, sin despegarse del viento, antes del pueblo, ahora popular.

Entre tanto, el Sr. Camps prepara un grupo parlamentario de fieles, cualquiera que sea la acepción del vocablo. ¿Otra jugada maestra? La mayor habilidad del Sr. Camps, aparte de hacerse omnipresente en la televisión pública en la misma medida que sus promesas se hacían invisibles, ha sido presidir la Generalitat como el director de un circo de varias pistas. Cuando no distraía la atención hacia las pugnas con el grupo que le había colocado de candidato, ejercía de víctima en un sorprendente ejercicio de defensa de la cohesión territorial que busca enfrentarnos a todos. Demandaba agua porque los campos agrarios -y los otros- estaban sedientos e impedía que comenzaran las obras de las desalinizadoras aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Hacía consejero del ramo del ladrillo a quien ha pasado por un émulo local de Al Gore, casi al mismo tiempo que el Parlamento europeo reprobaba la legislación de la Comunidad Valenciana en materia urbanística, y después la emprendía con la alta institución de Bruselas con descalificaciones que sólo la ultraderecha antieuropeísta se atreve a propalar. Anunciaba la racionalización del sistema universitario mientras regalaba al Sr. Arzobispo una Facultad de Medicina. Solicitaba al gobierno central nuevas transferencias financieras mientras su Administración registraba las más elevadas cifras de sobrecostes que se conocen en la obra pública española, o en esas maravillas que fueron las bienales de arte, sin expositores ni público. Ha dispuesto de un consejero de Sanidad tan solícito que, previa cita, se ofrece a llevarnos la maleta cuando recibimos el alta hospitalaria pero a los diez meses de la catástrofe del metro de Valencia el Sr. Camps todavía no se ha reunido con las víctimas y familiares para escuchar y ofrecer una unidad de atención integral, petición bastante razonable de estos ciudadanos; los responsables políticos y los gestores del transporte público siniestrado siguen ocupando sus cargos, para vergüenza y descrédito de las instituciones mientras la publicidad electoral de su partido acapara las vallas de las estaciones del suburbano.

Nada parece real en la Comunidad Valenciana oficial después de reducir la gestión de la Generalitat a puro ilusionismo. Queda la asociación de los leones de ocasión y los fundamentalistas dispuestos a seguir mordiendo todo cuerpo, también el social, que se ponga por delante. ¿Es saludable, para las gentes y para el país, dejar que se consolide una máquina de poder de estas características?

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Sólo humo

(Publicado en Levante-El Mercantil Valenciano, 9 de mayo de 2007)

Del tabaco sólo queda la virtud de quien lo labora, escribió José Martí, ese vástago de un valenciano que a finales del siglo XIX identificó como nadie la marcha de su país hacia la libertad. Martí, de una austeridad extrema, pasó por alto el placer efímero de las sustancias transportadas por la combustión de esa planta y olvidó mencionar los ingresos que proporciona al fisco; después sabríamos de los efectos perniciosos que la adición al consumo de la hebra ocasiona en la salud. Únicamente vio trabajo y materia convertida en humo. Puro humo, sólo humo, oímos a menudo, quitándose importancia a cuestiones de apariencia momentánea y que se disuelven por sí mismas. Del humo antes de desvanecerse en el aire queda una visión nublada de las cosas y tal vez una irritación pasajera de la vista; más desafortunado es quien resulta víctima de una asfixia letal. ¿Qué queda de las promesas electorales incumplidas? Apenas el olvido, sin antídotos ante las nuevas ofertas, ante la siguiente intoxicación.

Durante doce años una misma mayoría política –estos días con signos de división interna- ha dispuesto de un amplio predominio político en las Cortes valencianas y ha proporcionado tres presidentes de la Generalitat: Zaplana, Olivas, Camps. El Partido Popular ha gobernado también los principales ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales, en algunos casos por espacio de dieciséis años, incluidos los días en que uno de sus titulares prestaba declaración en el juzgado por diversas imputaciones. Los jóvenes menores de treinta años no han conocido una Administración autonómica de orientación política distinta desde que han visto reconocida la facultad de elegir. Durante este periodo se han inaugurado numerosas realizaciones, afortunadas unas veces y discutidas otras. Va con el oficio y con la confianza depositada en las urnas por los ciudadanos. Pero, ante todo, son el resultado de haber dispuesto del presupuesto público y de la capacidad de endeudarnos hasta límites más allá de lo razonable, porque básicamente la deuda no ha supuesto un enriquecimiento del tejido productivo, un incremento de la competitividad o la atracción de grandes inversiones, que sólo el necio (en palabras del poeta, aquel que confunde valor y precio) es capaz de identificar con gasto. Tampoco ha mejorado los ratios de bienestar de los valencianos en comparación con los de otras comunidades sobre los que pesa una hipoteca muy inferior.

La existencia de un proyecto coherente hubiera ayudado a establecer las reglas de la discusión sobre esas propuestas, en el hipotético caso de que el Consell hubiera estado interesado en la existencia de reglas claras y en reconocer a la opinión pública espacios suficientemente autónomos como para respetarla sin temerla. Nada interesa si no puede ser controlado. Tal parece haber sido el lema de la Administración del Partido Popular, con unas pocas excepciones. Al margen de quienes se dedican a la política profesional y al periodismo, tampoco aquí es habitual la tendencia a intervenir en los asuntos ciudadanos emitiendo opiniones y valoraciones críticas. Alguna causa sociológica habrá. O quizá se deba a un acto condicionado, cuando se mantiene en el recuerdo el desamparo al que fueron abandonados los intelectuales que en el pasado fueron objeto de descalificaciones y hasta de agresiones, y cuando durante años se han creado incentivos generosos dirigidos al mundo de la cultura para compensar la docilidad. Como habrá también una explicación a la reacción irritada del PP ante las voces distintas o disconformes, sea en los medios escritos, con motivo de la TV3, cuya captación ha sido posible gracias a una entidad cultural privada valenciana, sea una plataforma de creadores audiovisuales… Irascibilidad o ninguneo. Que se lo digan a la Asociación de victimas del metro que vienen manifestándose el día tres de cada mes, sin ser recibidos por el presidente Camps y sin cobertura alguna de Canal 9. Ay, el humo se nos hizo tóxico.

Pero vayamos a los anuncios, que a diferencia de las de realizaciones carecen de sobrecostes. En los últimos años el Sr. Camps se ha especializado en declaraciones hechas al vuelo con la finalidad de transmitir la sensación de atender los intereses de los ciudadanos y de desvivirse en una febril actividad. La política de promesas que no existe voluntad de cumplir tiene dos efectos, a cual más negativo: crea un espejismo, pues reduce la vida política e institucional a una ficción, y conduce al descrédito de las vías participativas, finalmente también al desengaño, donde se confunden los servidores públicos y los embaucadores.

Como reacción a este fenómeno, desde las universidades valencianas hemos creado el foro cívico Verificar: para conocer y comprobar, para cotejar propuestas y realizaciones. En nuestra página web (verificar) ofrecemos 100 falsedades anunciadas por el presidente Camps y su Consell en los últimos cuatro años en salud (camas hospitalarias, listas de espera, creación de puestos de trabajo, dentista gratis para la tercera edad, plan de salud mental, plan autonómico del Alzheimer, etc.), educación (mapa escolar, escuelas infantiles 0-3 años, supresión de barracones, escuelas de idiomas, salarios para universitarios buscadores de primer empleo), vivienda (fomento de las VPO, alquileres fáciles para jóvenes), infraestructuras (autovías, malla ferroviaria), planes industriales y de innovación empresarial, agricultura (modernización de regadíos, rentas agrarias dignas, mercados exteriores), incremento de la cooperación internacional… Véase lo anunciado y lo cumplido. A los hechos nos remitimos. ¿Quien recuerda el Instituto del Agua, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el Megaespai de Castelló, la Ciudad de las Lenguas, la Ciudad de la Pelota, la Ciudad del Ocio de Benicàssim, la Esfera Armilar o, la maravilla de las maravillas, la Ciudad de la Euforia, anunciada en 2003?

No bastante con los anuncios olvidados, ahora el Sr. Camps se presenta a la reelección prometiendo 1.700 medidas. La imaginación parece dejar paso al surrealismo. O quizá vivimos, no ya en una ciudad, sino en la comunidad de la euforia, donde comienza vendiéndose el mismo humo varias veces y se acaba por desconocer cuántas personas tienes censadas en tu casa.

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El retablo de Moa

(Publicado en Las Provincias, 26 de enero de 2006 )

Las páginas de Las Provincias acogieron el pasado día 13 las opiniones de Pío Moa sobre la actitud presuntamente golpista de Manuel Azaña durante la Segunda República, de consuno con la voluntad de los socialistas de apoderarse en 1934 del poder desencadenando una guerra civil. El pretexto para esta cuña publicitaria lo proporcionaba unas palabras mías en respuesta a un periodista, en las que afirmaba que la tesis sobre Azaña carecía de fundamento, juicio que comparte la gran mayoría de los historiadores que han tenido la ocurrencia de conocer las opiniones de este curioso personaje.

Como Moa no desaprovecha oportunidad de promocionarse, era previsible que acudiera a uno de sus pasatiempos favoritos: acusar de ignorancia a un universitario y fabricar una polémica que permita su presencia en los medios de comunicación. Me apresuro a declarar, por lo tanto, mi intención de no volver a intervenir en contrarreplicas y otras zanganadas que directa o indirectamente vayan en provecho de este conocido trilero.

Creo haber sido comedido al escoger las palabras. Dije ausencia de fundamento cuando podía calificar sus libros de recopilación de patrañas publicadas para desinformación de incautos y solaz de los nostálgicos del guerracivilismo, aquellos que haciendo abstracción del coste en vidas humanas y otras catástrofes siguen creyendo que la contienda de 1936 fue inevitable habida cuenta del peligro que para España, la Iglesia católica y la propiedad representaba un gobierno de izquierdas. Pues las tesis que Moa sostiene han sido reiteradas veces desmentidas por la investigación histórica en unos casos, son admitidas en otros –la existencia de una corriente antiparlamentaria en el PSOE- y en general carecen de la novedad que les atribuye su autor. De hecho, el cargo principal que hace a los republicanos y a los socialistas fue gestado con fines propagandísticos durante la guerra civil en el ministerio del Interior: allí se elaboraron varias publicaciones ilustrando los “crímenes” de la época anterior al “alzamiento nacional”, y por orden de 21 de diciembre de 1938 Serrano Suñer creó una comisión destinada a “demostrar plenamente la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República española en 18 de julio de 1936”. El dictamen, a medida del encargo, proporcionó los argumentos de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 que perseguía y sancionaba las actuaciones –también las pasivas- que desde 1 de octubre de 1934 hubieran contribuido a crear o agravar la subversión previa a la guerra necesaria. El libro de combate Historia de la Cruzada española, dirigido por Joaquín Arrarás y publicado en 1939, dio curso a la interpretación política de la que Moa obtiene ideas y beneficios.

He calificado de “personaje” al autor y no quisiera que se tomara por una desconsideración personal. El escritor Fernando Pessoa era capaz de inventarse personalidades distintas a través de los heterónimos con los que firmaba sus libros. Lo de Moa está más próximo al estilo de ese cómic castizo tan conocido, donde el protagonista se nos presenta en cada viñeta con su disfraz de ocasión: cuando conviene, es una víctima de los historiadores que se han conjurado para ignorarlo del mismo modo que han falsificado la historia de España en los últimos treinta años; si puede, sostiene que es objeto de persecución por sus ideas, prescindiendo, por ejemplo, del trato exquisito que le ha reservado el Aula de Las Provincias, al invitarle a una conferencia y al auparlo en los días previos y posteriores con varios artículos en el diario, incluida la elogiosa consideración de F. Puche que nos lo presenta nada menos que como un antiguo antifranquista y un audaz historiador que se atreve a ir a contracorriente (Las Provincias, 30 de noviembre de 2004). Otras veces nos recuerda que fue miembro de una banda terrorista, el GRAPO, pero ya sabemos que su público se regocija más con la conversión de un adversario que con la fidelidad probada de cien adeptos. Y para tranquilizar las conciencias de quienes compran sus libros, se nos aclara que no intervino en delitos de sangre, como si su pertenencia a la dirección del grupo que ordenaba los atentados y segó una docena de vidas mientras estuvo en activo, sólo hubiera sido para él, su responsable de propaganda, un macabro spot.

El terrorista se hizo escritor y por arte de magia vino a ser historiador, como si escribir en un periódico fuera suficiente para hacer un periodista, vestir sotana en carnaval convirtiera a uno en sacerdote o redactar un anuncio por palabras nos sirviera para diplomarnos en marketing. Leopoldo Alas ya nos previno sobre la elección de Cánovas del Castillo para la presidencia de la Academia de la Historia, que no hizo de él un historiador, del mismo modo que la presidencia de la Academia de la Lengua tampoco logró que Pezuela aprendiera a usar la suya. Con todo, podemos convenir con Juan de Mairena que “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero” (ya sabemos la replica del porquero: “No me convence”). Sucede que el método de Moa tiene más que ver con el arte del manipulación que con el oficio de historiador: prescindiendo de cuanto han investigado otros, se limita a hacer afirmaciones, esencialmente juicios de valor políticos, que salpica con fragmentos de citas, sin importarle el contexto del que proceden éstas, la validez de la información citada o un origen interesado que puedan restarles credibilidad. Aficionado como fue al golpe del percutor, tampoco parece estar familiarizado con las más elementales nociones políticas, entre ellas, el procedimiento y significado de un golpe de estado. Así, en su artículo se limita a reiterar viejas acusaciones que respalda con fragmentos de memorias de varios rivales políticos y una consulta al Partido Socialista sobre una situación que no llegó a producirse. Pero en nueve ocasiones menciona en su artículo las palabras golpe o golpismo, referidas al tema. Es lo que queda en el lector.

Quizá suceda con Moa y sus historias lo que refiere Cervantes en El retablo de las maravillas, cuando un grupo de comediantes sin obra ni tramoya hace creer al público que su función sólo podía ser contemplada por cristianos viejos, y por cautela nadie del público se atreve a desenmascarar el engaño. En las variaciones sobre el tema que representa Els Joglars estos días, Albert Boadella apela a la actualidad de la trama, resumida en la paradoja de “cómo los cretinos pueden vendernos la nada a costa del temor de sus semejantes a pasar por cretinos”.

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Contingencia y obscenidad

(Publicado en EL PAÍS, Comunidad Valenciana, 3 de abril de 2007)

En octubre de 1957 el río Túria se desbordó y arrasó las viviendas que jalonaban sus riberas a su paso por Valencia. Por dar una cifra oficial, las autoridades dieron la de 81 muertos y mencionaron que más de cuatro mil personas habían quedado sin vivienda. ¡Ah, la naturaleza! ¡Oh, el destino! Poco más tarde se iniciaría la gigantesca empresa de desviar el cauce del río a su entrada en la ciudad, después de concluir que las crecidas súbitas y periódicas de aquél, propias del régimen mediterráneo de precipitaciones, permitía presagiar la repetición del acontecimiento en fecha tan incierta como segura.  En la España de aquel entonces nadie pidió responsabilidades. ¿A quién hacerlo? ¿Con qué motivo? Sólo algunos, el alcalde de Valencia, Tomás Trenor, y el periodista Martín Domínguez, lamentaron la falta de diligencia oficial en atender la desgracia y fueron obligados a dejar la alcaldía y el periódico que el segundo dirigía.

Hoy retorna el mundo de la contingencia con la catástrofe sucedida hace nueve meses en la línea 1 del metro de Valencia, el ferrocarril suburbano que atraviesa la ciudad y acerca a multitud de pasajeros, y que un día de verano transportó el dolor y la desesperanza con el resultado rotundo de 43 muertos y 47 heridos.

Mala suerte, pensaron algunos, que en año preelectoral le sucediera esta desgracia al Consell, mientras preparaba la visita papal y los veleros de la Copa del América dibujaban una bonita estampa en el litoral. Mala suerte, la de los viajeros que tomaron el metro el día inadecuado, en la mala hora, en la línea del traqueteo especial al atravesar cierto tramo sobre el que bromeaban los pasajeros. Una fatalidad mayor, la mayor de las fatalidades hizo que ese convoy estuviera destinado a entrar en la famosa curva a una velocidad superior a la razonable, a saltar los raíles y a colisionar con el muro de hormigón, a no encontrar la baliza que hubiera advertido del feroz impulso del tren, según sostienen los técnicos y recoge un auto judicial que los familiares han percibido frío como la hoja que hiere sus esperanzas de justicia; baliza que de todos los que podían decidir su instalación, nadie había acordado hacerlo. ¿Viajan en metro los directivos de la compañía de Ferrocarriles de la Generalitat? ¿Lo hacen habitualmente los ingenieros que perciben sus haberes de esa institución? ¿Cuándo viajó por última vez en metro el Conseller de Infraestructuras y Transportes? ¿Cuántos conselleres lo utilizan en sus horas y días de asueto?

Los portavoces de las organizaciones empresariales, erigidos en portavoces de la sociedad civil, periódicamente reclaman mejores infraestructuras: se quejan del retraso en la construcción del AVE que un gobierno central prometió un día y dejó el poder ocho años después con apenas 46 kilómetros en obras; solicitan autovías y piden una solución de futuro a la expansión del puerto de Valencia, conscientes de la competencia de su explotación deportiva, lúdica e inmobiliaria; protestan por la nueva Terminal de Manises apenas ha sido ampliada. Todas son vías de progreso, en su opinión insuficientemente respaldadas por el Gobierno central. Todas son vías de superficie. El suburbano, como si de una canción de Joan Manuel Serrat se tratara, es asunto de otros, de gente corriente que acude de sus hogares al trabajo y a la universidad, de amas de casas que mueven los labios mientras viajan hablando consigo mismas de sus problemas y los encargos que esperan cumplir, de jubilados que aprovechan sus bonificaciones para observar a empleados, estudiantes, amas de casa, emigrantes buscadores de empleo, rateros de tres al cuarto, funcionarios entre horas, todos ocupados o escapando de las ocupaciones que ellos han dejado atrás.

La respuesta de los poderes públicos a la catástrofe del metro nos ha convertido la vida de los valencianos en pura contingencia, en una posibilidad de que las cosas sucedan de un modo determinado o en el último instante se entreguen en brazos del azar. La noción de previsión ha quedado reducida a una buena intención sin consecuencias ciertas. De modo que existe un modo de razonar poco provisorio que devuelve a la Providencia nuestro destino, el célebre juego de dados que, según Einstein, aquélla había dejado. Y al destino parece encomendado cada uno de los pequeños pasos que nosotros, seres insignificantes en la inmensidad del universo, damos a lo largo de la existencia. Es algo así como el retorno al pensamiento mágico pre- y tridentino, ajeno todavía al razonamiento lógico cartesiano, científico, donde a ciertas causas corresponden determinados efectos, donde ante ciertos errores o negligencias hay responsables identificados, rasgo específico de las Administraciones modernas en los países desarrollados.

El todavía Conseller de Infraestructuras y Transporte recibió finalmente a los familiares y en el curso de la audiencia les reprochó que utilizaran con fines políticos a los muertos y heridos habidos en un medio de transporte de titularidad pública. El discurso de los neoconservadores norteamericanos apela al “conservadurismo compasivo” para explicar por qué los pobres de solemnidad mantendrán alguna asistencia cuando se haya liquidado el Estado de Bienestar. El discurso de la Generalitat Valenciana que preside el señor Camps en ningún momento se propuso mostrase compasivo ante la demanda de dignidad y responsabilidad de unas personas que habían perdido a seres queridos o, lo que resulta más complejo, en lugar de convivir con un trauma han de armarse del coraje que exige reanudar la vida después de la terrible experiencia y han de convertir las secuelas en una diferencia más, en una sociedad en la que todos somos distintos.

Después de la catástrofe del 3 de julio de 2006 del metro de Valencia -me resisto a llamarlo “accidente” (hecho casual, fortuito: fortuito es hallarse ahí, en el convoy fatal y en el momento fatídico), en dejarlo en una fecha (3-J) que pronto se confundirá con otra tragedia singular o una cita electoral, o a invocar el nombre de la estación en cuyas inmediaciones la muerte se vistió de macabro revisor-, después de aquella catástrofe, decía, la política se nos ha hecho obscena y lo que teníamos por dignidad moral apenas parece un ejercicio de cobardía.

Este 3 de abril, nueve meses después de la mayor catástrofe que esta ciudad ha vivido en el último medio siglo, en la segunda mayor de su historia reciente en tiempos de paz, se nos invita a marchar por las calles de Valencia, de la estación de Jesús al Palau de la Generalitat. ¿Dónde estará a esa hora su inquilino? El tiempo de duelo ya ha pasado pero permanece la indignación por la indiferencia de los responsables directos y superiores, que han tenido la oportunidad de expresar su lado más humano y solidario, o el más consecuente con el ejercicio de sus funciones públicas, y lo han dejado pasar.

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